Los servicios que usualmente se prestan en este área, son los siguientes:

Procedimiento administrativo

Los servicios prestados en este ámbito se centran fundamentalmente en la asesoría a Administraciones Públicas y participación acerca de la mejora de procedimientos administrativos relativos a las mismas.

Elaboración de Normas Jurídicas

Prestación de servicios consistentes en la redacción de informes sobre proyectos normativos.

Urbanismo

Actuamos en los distintos ámbitos de la actividad: planeamiento, gestión y disciplina urbanística.

Actividades

Emisión de dictámenes y asesoramiento general en relación con actividades sujetas a clasificación así como para las inocuas, tanto en supuestos de instalación como para traslado o ampliación de industrias.

Derechos reales administrativos

Asesorando en materias relativas a Aguas, Costas, Puertos, Minas y Montes.

Relaciones con Administraciones Locales

En esta materia, asesoramos tanto a los particulares en las relaciones con las Administraciones Locales en asuntos de cualquiera de las múltiples competencias que tienen encomendadas aquéllas como a ellas mismas y, especialmente, en las siguientes materias: obtención de licencias, gestión de servicios públicos municipales, concesiones administrativas de toda índole, patrimonio de las Corporaciones Locales, subvenciones, etc.

Expropiación forzosa

Sin perjuicio de todos aquellos supuestos expropiatorios directamente vinculados con la ejecución del proceso urbanístico, nuestro despacho presta sus servicios de asesoría respecto a aquellos procedimientos expropiatorios que, en aplicación de la legislación general de expropiación forzosa, pudieran afectar a distintos bienes y/o derechos.

Otras áreas del Derecho Administrativo

Asesoramos en áreas del Derecho Administrativo tan específicas como son las Telecomunicaciones, Ordenación de los Transportes Terrestres, Carreteras y Obras Públicas.

Recursos en vía administrativa y ante la jurisdicción contencioso-administrativa

Atendemos cualquier requerimiento relativo a la necesidad o conveniencia de preparar y gestionar la oportuna tramitación de las alegaciones y recursos que fueran necesarios para la mejor defensa de sus intereses en vía administrativa.